En cuanto al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el nuevo texto va a suprimir el régimen de incompatibilidades en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para permitir una mayor personalización en la atención a cada persona, así como también eliminará el plazo suspensivo máximo de dos años que hay en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

Por ello, el nuevo texto de la Ley de Dependencia va a ampliar y reorganizar los servicios ofrecidos para centrarlos en la persona en lugar de ofrecerlos según un modelo asistencialista desarrollado en grandes residencias. Al mismo tiempo, la reforma incorpora nuevos servicios orientados a este fin, como la extensión del servicio de ayuda a domicilio a actuaciones en el entorno comunitario que van más allá de las necesidades de cuidado personal y domésticas.

En esta misma línea, el anteproyecto de ley reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia que residan en su domicilio. A partir de la aprobación de la reforma, todas estas personas podrán reclamar la teleasistencia y los gobiernos autonómicos estarán obligados a ofrecer este servicio más allá del límite presupuestario en cada territorio.

Por otra parte, el anteproyecto de ley incluye tres nuevos servicios en el catálogo: cuidados y apoyos en vivienda (incluyendo el modelo cohousing), provisión de productos de apoyo mediante préstamo y el servicio de asistencia personal ajustado a la voluntad de la persona.

Finalmente, la reforma aborda la situación de las personas cuidadoras no profesionales, garantizando apoyos, asesoramiento y formación para su bienestar físico y emocional, facilitando la conciliación de su vida personal y laboral.

En relación con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el anteproyecto de ley aprobado se presenta como un desarrollo normativo del nuevo Artículo 49 de la Constitución Española. La reforma cambiará la Ley de Discapacidad para el reconocimiento de derechos fundamentales como la accesibilidad universal.

En el ámbito privado, se incluye una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones a ofrecer ayudas económicas para obras de accesibilidad, rebajando además los requisitos de financiación para facilitar dichas reformas en comunidades de vecinos.

Otro punto clave es la prohibición de discriminación por parte de compañías aseguradoras en contratos de salud o vida. Además, se establece una "pasarela directa" para que el reconocimiento de dependencia otorgue automáticamente un grado de discapacidad del 33%.

Por último, el anteproyecto incide en la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad y pone el foco en el desarrollo infantil a través de servicios de atención temprana reforzados.